En medio el revuelo montado por la noticia más mediática -no confundir con la más importante- de España en las últimas semanas, y mientras se producen manifestaciones que piden la liberación de los pescadores secuestrados a prácticamente cualquier precio -incluyendo chapuzas jurídicas de imposible justificación-, algunas voces exhortan a tener en cuenta la ineludible responsabilidad de los armadores en la situación actual, y revelan que este es otro de esos casos en el que los beneficios -si los hubiera- serían privados, pero las pérdidas serán públicas.

Se dice que el atunero viajaba sin bandera española, sino con una de conveniencia -no he podido averiguar con cual concretamente-, también se dice que sacaron el barco de la zona de seguridad por pura avaricia, y que el atún que pescan es procesado en Asia. Algunos se atreven a aseverar incluso que pudieron huir soltando las redes al ver venir a los piratas, pero que no lo hicieron porque las redes valen millones.

De este último párrafo en realidad no puedo confirmar -ni desmentir- nada, no obstante lo dicho en el primero contiene una verdad incuestionable: se está invirtiendo una millonada del erario público en proteger los intereses de compañías privadas allende los mares.

Liberales cuando hay beneficios, socialistas cuando hay pérdidas.