libreXpresion.org nada es, todo fluye

La agencia EFE difundió la fotografía de un militante de Izquierda Anticapitalista, con el mismo nombre de un presunto miembro de ETA, como si fuera la del supuesto etarra. En consecuencia, decenas de medios mostraron durante horas su fotografía atribuyéndole la pertenencia a ETA y, de paso, también demostraron su falta de independencia y de rigor.

Además, el joven se declara pacifista y se presentó a las listas de Izquierda Anticapitalista para el Parlamento Europeo."Acabo de llamar a Efe y dicen que han visto el nombre, lo han buscado en Google y como aparecía que había estado en 'organizaciones' pues han metido una foto mía", comentaba Fernández en su perfil de Facebook.

El etarra que no lo era

Da gusto ver el rigor y la profesionalidad con el que trabajan las agencias de las que luego se nutren todos los medios.

Fuente: Los rumores sobre Chávez e Internet

Un rumor recorre los medios de comunicación globales: "Ahora Chávez quiere controlar Internet". Se basa en dos supuestas fuentes: el caso de las publicaciones de la página Web Noticiero Digital y un proyecto de Ley Orgánica de las Telecomunicaciones que propone la implantación de un Punto de Acceso a Internet.

Noticiero Digital

Noticiero Digital es una página Web que tiene un historial de reiterados llamados a la violencia, ha difundido informaciones falsas con graves implicaciones, como el asesinato de un Ministro del gobierno venezolano o el asesinato de un periodista muy popular dentro del chavismo, e incluso ha hecho llamamientos, en varias ocasiones, a la desobediencia civil y hasta al golpe de Estado. Difundir estas informaciones pueden constituir un grave delito en cualquier país del mundo, sea por Internet, prensa, radio o televisión.

Ante estos hechos, el Presidente Chávez solicitó una investigación a los responsables de esta página de Internet, cosa también normal en cualquier país del mundo. Pese a ello, la "noticia" que está siendo difundida por los medios comerciales es que ¡Chávez quiere controlar Internet!

Resulta curioso ya que, precisamente gracias a Internet, se puede ver, por ejemplo, el Vídeo con las declaraciones del Presidente que permite comparar lo que exactamente dice con lo que posteriormente está siendo difundido.

En Internet, al igual que en otros medios, se cometen delitos tipificados por las legislaciones de todos los países: Difamaciones, pornografía infantil, llamamientos a la violencia, etc. Es ridículo tener que recordar que cualquier delito que se cometa, desde donde sea, debe, y suele, ser investigado. Esto no tiene nada que ver con libertad de expresión.

Parece que existe un especial empeño en tratar de acusar a Chávez de censurar Internet. A primeros de Febrero se propagó una noticia que afirmaba que Chávez había dicho que "Twitter es un instrumento de terrorismo". Sin embargo, se demostró que, no sólo era falsa la información, sino que, además, Chávez animaba a dar la batalla en Internet y apoyaba públicamente la utilización de Twitter.

Recordemos, además, el caso de ¿Cómo matar a Chávez en Google? Si abren su navegador, teclean en la barra de navegación http://www.google.co.ve/, que es el Google para Venezuela, teclean en el buscador la palabra “como” y observan lo que le aparece, sin darle a buscar, podrán constatar que la primera opción es “como matar a chávez”. Esto, evidentemente, no tiene que ver con google, sino, probablemente, se trata de un grupo de usuarios que, conscientemente, y mediante múltiples búsquedas con la misma cadena, tratan de generar este efecto.

Informaciones falsas, manipulaciones, difamaciones, llamamientos a la violencia, ¿con qué propósito? ¿son provocaciones? ¿se estará buscando precisamente una reacción del gobierno venezolano contra Internet? Así tendrían una verdadera acción que "demostraría" sin lugar a dudas como el "RRRégimen Represivo Chavista" se dirige irremediablemente a una horrible dictadura Castro-comunista.

Una ley controvertida

El otro argumento que la oposición venezolana, y la prensa comercial, esgrimen como intentos evidentes de control de Internet, es un Proyecto de Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales. Dicha ley ni se ha aprobado ni está actualmente en discusión en la Asamblea Nacional.

Este proyecto de ley, en uno de sus artículos, insta al Ejecutivo Nacional a crear un punto de interconexión o punto de acceso a Internet.

Pero antes de analizar este artículo de la ley, vamos a observar el resultado de una prueba que traza el tráfico por Internet entre dos puntos en Venezuela. La prueba consiste en consultar, desde un organismo público de La República Bolivariana de Venezuela, la página Web de otro organismo público venezolano que se encuentra a unos metros. Por razones de seguridad no indicamos los organismos ni la direcciones IP.

El resultado es sorprendente: el tráfico de datos entre dos organismos públicos de Venezuela, separados por unos metros, es enrutado fuera del país hacia EEUU para luego volver, después de pasearse por diferentes nodos dentro del territorio estadounidense. Esto se produce en algunos casos: cuando existen diferentes proveedores de servicio entre las comunicaciones entre dos puntos.

Esta irregularidad en el tráfico de Internet genera un coste económico adicional, por el salto entre proveedores internacionales, es ineficiente en cuanto al tráfico de red, aumenta significativamente los tiempo de respuesta en las comunicaciones y, obviamente, presenta graves problemas de Seguridad de la Información.

El artículo del todavía proyecto de ley de Telecomunicaciones que ha generado tanto revuelo precisamente lo que pretende es solucionar estos problemas. Dice así:

Décima octava. El Ejecutivo Nacional creará un punto de interconexión o punto de acceso a la red de los proveedores de servicios de Internet, con la finalidad de manejar el tráfico con origen y destino en el espacio geográfico de la República, al objeto de utilizar de manera más eficiente las redes del país dado el carácter estratégico del sector.

El órgano rector determinará la empresa del Estado que tendrá a cargo la instalación, operación y mantenimiento del punto de interconexión o punto de acceso a la red de los proveedores de servicios de Internet.

Se trata, por tanto, de regular el tráfico por Internet para aumentar la eficiencia en las comunicaciones. No se plantea absolutamente nada de control de contenido de la información transmitida. No se habla de censura, ni restricciones a ninguna libertad, sino de eficiencia en las comunicaciones y de enrutamiento del tráfico.

Se implementaría un Punto de Acceso a Internet. Esta solución no es exclusiva de Venezuela. En Internet hay cientos de estos dispositivos. Sin ir muy lejos, Colombia, Brasil y Chile tienen este tipo de Puntos de Acceso para regular el tráfico. Se denominan, según los casos, Network Access Protection (NAP) o Internet exchange point (IX o IXP).

Hasta ahora, ningún país del mundo se había llevado una sola línea en la prensa internacional por implantar este tipo de soluciones. Sin embargo, Venezuela ha conseguido incluso portadas y primeras páginas en toda la prensa internacional, desde Japón hasta la Patagonia, solamente por tomar las mismas decisiones que otros países, absolutamente justificadas y encaminadas a aumentar la eficiencia y la seguridad en sus comunicaciones.

El Código Penal español castiga con pena de 4 a 8 años a quienes “mantuvieran relaciones de inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros (...) con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España”.

¿Aplicamos la legislación de otros países a los “disidentes” cubanos?

Casi existen tantos motivos a favor del uso de las redes sociales como en contra. No cabe duda de que algunos deberían prescindir completamente de ellas, pero el resto de los mortales no tienen porque ser tan cuidadosos...

Hace un tiempo que vengo dándole vueltas al tema de Facebook: en el lado de los contras, significa contribuir a construir y consagrar un monopolio, que además pertenece a una empresa privada, una corporación particularmente odiosa, de hecho. Sin embargo en el lado de los pros está la posibilidad de dar mayor difusión a lo que escribo, que sin duda lo escribo para que se lea. En la batalla contra la Falsimedia, ¿es aceptable abrir una cuenta Facebook? ¿y crear un grupo libreXpresion.org?...

El robo y el plagio son inmorales, sin embargo...

Copiar NO equivale a robar. Como ya se ha aclarado en múltiples ocasiones, cuando una persona sustrae algo material -por ejemplo, un automóvil- priva a otra persona de él. Sin embargo cuando alguien copia información -por ejemplo, un CD de música- el objeto original permanece intacto y su dueño no se ve privado de nada.

Así pues, los manteros NO roban.

Copiar NO equivale a plagiar. Plagiar es dar una obra como propia. Es decir, tomar algo que ha hecho otro y hacerse pasar por el legítimo autor. Es obvio que esto no se produce en el top manta, donde generalmente se copian hasta las carátulas que contienen la información sobre la autoría.

Así pues, los manteros NO plagian.

Entonces, ¿qué es lo inmoral del top manta? Algunos sostienen que aprovecharse del trabajo de otros, sin embargo el trabajo de efectuar las copias lo hacen ellos, así que es su trabajo, no el trabajo de otros.

Así que se puntualiza: si los autores no hubieran hecho la obra original, los manteros no podrían hacer copias de ella, por lo que desde esa perspectiva es cierto que se aprovechan de un trabajo hecho previamente por los autores. Sin embargo, ¿es esto condición indispensable para que el autor merezca necesariamente una compensación? en caso afirmativo, ¿no es suficiente compensación el canon que se paga por cada CD o DVD más el que se paga por el grabador?

Fuente: Venezuela y Cuba como munición

Dos asuntos han protagonizado la actualidad informativa y el debate político durante los últimos días: la muerte de un preso cubano en huelga de hambre y el auto de un juez de la Audiencia Nacional implicando al Gobierno venezolano con el terrorismo. Es evidente que se trata de temas claramente alejados de la vida cotidiana de los españoles y que cualquier criterio mínimamente serio de valoración de la actualidad los ubicaría en segundo plano. Hemos comprobado cómo estas dos noticias han desplazado de la actualidad no solamente el debate sobre la crisis económica, sino también a terremotos con cientos de muertos en Haití y Chile. Mientras aquí todo giraba en torno al deceso cubano y la acusación contra Chávez, en Colombia se descubrió la mayor fosa clandestina de la historia latinoamericana (2.000 cadáveres) y los paramilitares admitieron haber asesinado a 30.000 personas, cifra que la fiscalía estimó en al menos 120.000. En México, las decapitaciones y matanzas de jóvenes por el crimen organizado están a la orden del día y en Honduras el goteo de líderes sociales asesinados no cesa: ya van por más de un centenar desde el golpe de Estado. Igualmente las masacres de civiles en Afganistán e Irak no despiertan comentario alguno en los debates políticos.

Como señalaba José Steinsleger en el diario mexicano La Jornada, “de las tragedias acontecidas en el primer bimestre del año en curso, ninguna más ruidosa que la muerte por inanición voluntaria del ciudadano cubano Orlando Zapata Tamayo, preso político, de conciencia, disidente, opositor, delincuente común”. El analista francés Salim Lamrani se permitía recordar que, en Francia, entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2010, hubo 22 suicidios en prisión, entre ellos el de un adolescente de 16 años. Un dato al que nadie ha dado la más mínima importancia.

El caso de la acusación del juez Eloy Velasco contra Remedios García Albert y el Gobierno de Venezuela es un claro ejemplo de prostitución de la instrucción judicial con alevosía mediática con fines de agresión política. Un auto que por ley debería ser secreto se filtra a los medios para presentar a una ciudadana como cómplice de ETA y miembro de las FARC, ambas cuestiones discutibles si seguimos defendiendo el principio de la presunción de inocencia. Como ha recordado su abogado, siete meses después del procedimiento no ha sido citada judicialmente y en las fechas en que juez y prensa afirman que se encontraba nada menos que organizando un curso de explosivos de ETA a las FARC en la selva colombiana, veraneaba en la costa española.

En realidad, Remedios García sólo es un daño colateral en los ataques contra el Gobierno venezolano, pero el atropello es sólo una muestra de la vileza y miseria que domina la agenda informativa y el debate político español. En cuanto a la implicación del Gobierno venezolano, según el auto judicial, se fundamenta –es un decir– en declaraciones de testigos sin identificar, pero no se concreta exactamente qué es lo que dijeron, y en un ciudadano vasco que reside en Venezuela, cuya relación con el Gobierno de ese país se establece porque está casado con una ciudadana venezolana que es funcionaria pública. Todo ello sin olvidar que el juez que firma y, al parecer, filtra autos en los medios de comunicación, durante ocho años estuvo al servicio del Partido Popular de la Generalitat Valenciana como director general de Justicia.

Si los asuntos que golpean a los gobiernos de Cuba y Venezuela han logrado este protagonismo en la agenda informativa y política de nuestro país es porque se han dado dos circunstancias curiosas. Por un lado, su uso por parte de políticos y líderes de opinión de la derecha (y ultraderecha) para embestir contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero y, por otro, una implicación ya habitual de los medios en todo suceso que pueda servir para desprestigiar a los gobiernos venezolano, cubano y cualquier otro latinoamericano que muestre independencia y soberanía frente a las políticas neoliberales.

La presión es tanta que cualquiera que no se sume a la indignación por la muerte voluntaria de un preso que los servicios médicos del Estado cubano hicieron todo lo posible por evitar o a la ola de criminalización de todo a lo que se le cuelgue la etiqueta de terrorista, se convierte en enemigo público y cómplice de dictaduras y terrorismos. Basta observar el linchamiento al que se ha sometido al actor Willy Toledo sólo porque, tras expresar su dolor y condena por la muerte de Orlando Zapata, entre la versión mediática de que el huelguista era un preso político y la versión del Gobierno cubano de que se trataba de un delincuente común, optó por la segunda.

Lo preocupante de todo ello es que se desarrolla en una dinámica judicial que en Madrid procesa a los jueces que investigan los crímenes del franquismo en un país donde los asesinos de la dictadura dan nombre a las vías públicas. Y, mientras tanto, en la Comunidad Valenciana se archiva la causa contra Francisco Camps obviando informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la policía y se abren diligencias penales contra una diputada de Izquierda Unida que difunde unas pegatinas pidiendo prisión para Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón cuyos procesos por tráfico de influencias y delito fiscal llevan siete años y nueve jueces paseando por los tribunales.

La conclusión no puede ser más preocupante, asistimos al acoso y sitio de medios de comunicación y sectores de la judicatura a gobiernos y ciudadanos que no forman parte de su ideario, mientras la impunidad se instala para otros. Para ello arrollan presunciones de inocencia en acusados de terrorismo, criterios de rigor periodístico y principios de relaciones respetuosas con países amigos. No podemos permitir que este funcionamiento continúe para conseguir munición en la reyerta política española.

En un fallo emitido este miércoles, la citada corte denunció la política de encubrimiento de los países del llamado viejo continente, al proporcionar asistencia ilícita al régimen sionista y legitimar su actuación en los territorios palestinos ocupados.

Durante la lectura del veredicto, el ex ministro surafricano y miembro del jurado, Ronald Kasrils, exigió a la UE la imposición de sanciones diplomáticas, comerciales y culturales a Israel para poner fin a la impunidad con la que actúa desde hace décadas.

La sentencia señala que el bloque europeo falla en su obligación elemental de velar por el respeto de las normas fundamentales del derecho internacional, que exigen utilizar todas las vías del Estado de derecho e ir más allá de las simples declaraciones de condena.

Continúa en: Tribunal internacional denuncia complicidad europea con Israel

¿Se pedirá Zapatero explicaciones a sí mismo como presidente de turno de la UE? y en su caso, ¿qué se contestará? "Lo siento, no podemos presionar a Israel por unos miles de asesinatos de nada porque todos nuestros recursos están destinados a presionar a Cuba por un suicidio."

Habitualmente los DNS de telefónica me van de culo, pero desde hace unas horas ya no van ni de culo siquiera. Sólo puedo entrar aquí y a algún sitio más porque tengo las IPs en el /etc/hosts. Los DNS que uso son estos:

80.58.61.250
80.58.61.254

¿Sabéis alguno alternativo que pueda usar?

Creo que era Voltaire el que decía que la libertad de expresión existe, precisamente, para poder decir lo que la gente no quiere oír. En algunos países presumimos de esa libertad de expresión, pero cuando alguien dice algo que a la masa le parece particularmente repugnante, se le crucifica, como se está haciendo con Willy Toledo.

¿Que te crucifiquen en todos los medios, los de la ultra derecha, los de "la otra" derecha, y los de la izquierda acomplejada u oportunista -más derecha, al fin y al cabo-, por algo que has dicho no es un ataque a la libertad de expresión? ¿acaso no es una coacción evidente que todo el elenco mediático haga uso de su descomunal poder para que la masa adocenada te odie si dices algo "incoveniente"? Lo es. Como es también evidente que muchísima gente que podría opinar lo mismo que Guillermo Toledo preferirá callar antes que servir de objetivo a los mass mierda y, probablemente, perjudicar su carrera profesional.

Y sin embargo los mismos que crucifican a Willy le dicen, al tiempo, que puede dar gracias de vivir en un país en el que existe la libertad de expresión. Es difícil exhibir mayor cinismo.

Y con todo, Willy puede dar gracias de no acabar en la cárcel, ¿como en Cuba? No, como en España, donde una jueza de la Audiencia Nacional acaba de mandar a la cárcel dos años -la pena máxima permitida, y seis meses más de lo que pedía el fiscal- a Arnaldo Otegui por algo que dijo, manifestando además durante todo el proceso e incluso por escrito, su personal aversión por el procesado.

En definitiva: que si dices que Zapata no era un preso político te crucifican, y si dices que Otegui es un preso político, también te crucifican. Aunque sea verdad. El problema empezó cuando la realidad dejó de ser lo que es para convertirse en lo que dicen los medios.

La Audiencia condena a Otegi a dos años por enaltecer a ETA

La magistrada Ángela Murillo tampoco desaprovechó la ocasión de redactar la sentencia para llenarla de memeces impropias de alguien que ostenta su cargo y totalmente fuera de lugar en un documento de este tipo. Memeces que, además, ponen en evidencia -otra vez- su aversión contra el procesado, lo que debería ser motivo más que suficiente para recusarla puesto que es evidente que carece de la objetividad necesaria para impartir justicia.

Ah, y en conclusión: en España hay presos POLÍTICOS.