Fuente:Desde el antifascismo: No a Garzón

"Durante su actuación casi obsesiva contra cualquier manifestación de disidencia hacia el Sistema, Garzón ha impulsado casos contra medios de comunicación, asociaciones populares, partidos políticos e incluso defensores de derechos humanos..."

Los abajo firmantes nos declaramos profundamente antifascistas y por lo tanto aplaudimos cualquier iniciativa que, partiendo de un acto de necesaria y saludable memoria, marque a fuego a quienes desarrollaron en el Estado español (o en nuestra Nación Argentina) practicas genocidas contra el pueblo y sus organizaciones populares.

Franquistas, derechistas, militares y civiles, deberían haber pasado el resto de sus vidas en las cárceles, pero los pactos espúreos, como el de la Moncloa, o el continuismo gestado por el propio dictador Franco, les garantizaron una impunidad desde todo punto de vista repudiable.

De la misma forma que exigimos que los gobernantes fascistas y sus cómplices paguen por sus crímenes de lesa humanidad y los luchadores populares asesinados puedan ser reivindicados como patriotas, también expresamos nuestro rechazo a querer transformar en un héroe de los derechos humanos a un juez que, como es el caso de Baltasar Garzón, ha convalidado con su accionar todo tipo de atropellos en contra de ciudadanas y ciudadanos vascos, catalanes, gallegos y hasta árabes que pasaron por ese “tribunal de excepción”, denominado Audiencia Nacional.

Durante su actuación casi obsesiva contra cualquier manifestación de disidencia hacia el Sistema, Garzón ha impulsado casos contra medios de comunicación, asociaciones populares, partidos políticos e incluso defensores de derechos humanos, que se deben calificar como una agresión directa a la libertad de expresión y al derecho de libre asociación pacífica. El propio Comité de Derechos Humanos europeo hizo recientemente patente su preocupación al respecto.

En su actividad diaria al frente del Juzgado especial que dirige, Garzón da orden de detener a personas acusadas de terrorismo bajo el régimen de incomunicación, verdadero espacio de impunidad en el que se producen brutales torturas. Cientos de ciudadanos vascos y españoles que sufrieron apaleamientos, violaciones y sevicias como “el submarino”, “la bañera”, la picana eléctrica o “la bolsa” denunciaron de viva voz frente al juez Garzón estas tangibles violaciones de los derechos humanos, y siempre recibieron su silencio, su mirar a un costado y su implacable decisión de dictar condenas brutales a militantes populares.

Garzón sabe, mejor que nadie, que su política de incomunicar a los detenidos durante días, sirve para montar el escenario donde monstruos policiales se ceban con los cuerpos de jóvenes detenidos.

Garzón no desconoce que Cuarteles policiales como el de Ia Guardia Civil de Madrid, el de Barcelona o el de Intxaurrondo en el País Vasco, se parecen mucho, en su afán de destrucción de los detenidos, a los campos de exterminio de la ESMA, Orletti o El Olimpo, y sin embargo jamás ha levantado una acusación contra sus gestores y promotores.

Organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa -CPT-, el Comité contra la Tortura -CAT- español o diferentes Relatores Contra la Tortura del sistema de Naciones Unidas han reclamado reiteradamente la abolición de esta modalidad de detención, cuya aplicación lleva la rúbrica de este magistrado.

Por otro lado, como bien afirmara en su oportunidad el fallecido juez y ex diputado del PSOE, Joaquín Navarro, “Garzón es un juez que se inventa casi todo a nivel sumarial. Lo que ocurre es que siempre actúa respaldado por el poder político y por el Ministerio del Interior. Garzón se permite el lujo de dictar autos de procesamiento o de prisión absolutamente fabulados, dando por demostradas vinculaciones orgánicas y funcionales de diversos sectores con lo que el denomina “el terrorismo”.

Garzón no es desde ningún punto de vista, un “justo”, un “valiente” o “uno de los nuestros”, como ahora exageran sus acólitos, sino un juez que en su afán de obtener réditos mediáticos (algo que lo deslumbra) no dudó en meter sus narices en Venezuela Bolivariana, de la mano de la recalcitrante derecha local, y avaló con su presencia actos y manifestaciones opositoras, en ocasión de la no renovación de la licencia al canal golpista RCTV. Esa injerencia provocó que el vicepresidente venezolano de esa época, Jorge Rodríguez, calificara a Garzón de “payaso que vino a nuestro país a tratar de darnos lecciones de democracia. Ese juez pro-imperialista vino para acá pagado y tarifado a decir lo que quiere escuchar la oposición venezolana'”. No obsante, el juez no cesó en sus ataques a la Revolución caribeña y calificó de “cínico” y “personaje nefasto” al presidente Hugo Chávez por sus declaraciones de respaldo a una salida negociada en el conflicto colombiano.

Por otro lado, Garzón también viajó a Colombia para dar sus consejos al gobierno represor de Alvaro Uribe. Una vez en Bogotá, mantuvo reuniones con jueces locales y funcionarios del gobierno, donde manifestó la necesidad de que se aplique a los detenidos la tristemente célebre figura de la “incomunicación prolongada”. “El Estado democrático no puede quedar contra las cuerdas, sostuvo Garzón en esa ocasión. "Para nosotros es básica la incomunicación en los primeros días de reclusión de un terrorista, de un narcotraficante o de un individuo que pertenece a una organización criminal", concluyó.

Por último, nos sentimos comprendidos en lo que manifiestan numerosas organizaciones de derechos humanos españolas y vascas, cuando manifiestan, refiriéndose a este juez: “Hemos visto de primera mano su pasividad con la tortura en sus quehaceres diarios, así como hemos podido constatar que su actividad en el ámbito internacional no es más que un ligero barniz, sin que sus acciones en ningún caso hayan pasado de ser testimoniales.

Verificamos, por fin, los excesos de su tribunal, que denunciamos de la misma manera que lo hacemos con los excesos que otros tribunales cometen ahora con el juez Garzón. La admisión a trámite de la presente querella por querer investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante el periodo franquista, es atentatoria contra la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y contra el sentido común.

Desde esa legitimidad, no podemos sino oponemos a la designación de este juez como defensor de derechos humanos, cuando su actuación ha sido, mientras le era favorable a sus intereses, idéntica a la que ahora denuncia”.

Las firmas las podéis ver en la noticia original.

Fuente: Carlos Taibo en Diario Vasco

Son muchos los amigos latinoamericanos que, comprometidos con la causa de la memoria de las víctimas de las dictaduras en sus países, muestran su extrañeza por los avatares que ha acabado por asumir el ‘caso Garzón’. No faltan entre esos amigos, por añadidura, los que se sorprenden ante los recelos que muchos -más de los que pudiera parecer- hemos mostrado a la hora de apoyar al juez que tanta tinta ha hecho correr en las últimas semanas.

Vaya por delante que no se me escapa que lo que ocurre en estas horas con Garzón tiene una dimensión que de forma inequívoca debe preocupar a quienes, entre nosotros, han tomado cartas en el asunto de recordar a la ciudadanía algo de singular relieve: la Transición política, treinta años atrás, canceló cualquier posibilidad de enjuiciamiento crítico público de lo que el franquismo supuso y, con ello, cerró las puertas que conducían a un deseable resarcimiento material y moral para las víctimas de la dictadura.

Tampoco quiero olvidar que en la trifulca que en estos días tiene al juez Garzón como centro se hacen valer muchas de las miserias del juego partidario que nos acosa, y ello de la mano de una regla que no parece tener excepciones: si los partidos apoyan a los jueces cuando las decisiones de éstos les benefician, bien que se encargan de denostarlos cuando aquéllas les perjudican.

Mucho me temo, sin embargo, y vuelvo al principio, que la honrosa tarea que debía conducir a rectificar lo que tres decenios atrás se hizo manifiestamente mal aparece hoy lastrada de la mano del mentado ‘caso Garzón’. Ello es así por dos razones que, en virtud de caminos distintos, rodean a la figura del juez. La primera de esas razones bebe de la condición del propio Garzón. Qué excelsa paradoja es que en estas horas se nos presente como abanderado de una reconsideración crítica de muchas de las miserias que rodearon a la Transición española un personaje que por muchos conceptos ha estado inmerso de lleno en esas miserias.

Y es que haríamos mal en olvidar que la misma persona que tuvo el coraje de encausar a Pinochet se nos ofrece a muchos con un rostro que no es el del héroe popular sometido al acoso de las fuerzas más oscuras.

Estamos hablando -no se olvide- del responsable de muchos de los desafueros legales que han marcado indeleblemente una lucha contra el terrorismo de la que han sido víctimas tantas gentes inocentes; no es casual que en el País Vasco el nombre de Garzón se identifique a menudo con prácticas judiciales y policiales nada edificantes, comúnmente ocultadas tras un universal y cómplice silencio. Hablamos también de quien, en un momento de singular podredumbre de la vida política española, no dudó en acudir al llamado de Felipe González para secundar a éste en una polémica, y luego fallida, operación electoral. Cerremos nuestro recorrido con el recordatorio de los nombres, no precisamente heterodoxos, de las personas -desde el propio González hasta José Bono, pasando por Rosa Díez- que Garzón tuvo a bien invitar, unos años atrás, a sus cursos de Nueva York. Parece que los tres hitos que acabamos de rescatar bastan para concluir que nuestro juez se ha movido con singular soltura en algunos de los teatros más deplorables que la Transición española ha acabado por forjar. La imagen de luchador antifascista que tantos han alimentado ingenuamente en América Latina y que hoy vemos refrendada, mal que bien, entre nosotros no es sino un mito interesado que el propio Garzón ha puesto todo el empeño en promover.

Mayor relieve tiene, con todo, la segunda de las razones que antes invocaba. Aunque los protagonistas bien intencionados de la solidaridad con Garzón parezcan ignorarlo, es muy grave que el debate sobre la memoria histórica haya quedado engullido por una discusión relativa a si un juez prevaricó o no. Lo diré de otra forma: ya no se discute, hablando en propiedad, sobre la memoria y sí sobre Garzón. Aunque las explicaciones conspiratorias me han gustado siempre poco, no me resisto a sugerir que algo hay, en la trastienda, de inteligentísima y ocultatoria operación. Y es que, al cabo, el Partido Socialista, que nada hizo durante tres décadas para restaurar una memoria pisoteada, y que en los últimos años ha promovido una timorata y corta ley que nada resuelve al respecto, ha conseguido que la mayoría de quienes se sintieron defraudados por esta última hayan olvidado hacia dónde deben lanzar muchos de sus tiros y rodeen hoy arrobados a un juez de equívoca trayectoria y ego desmesurado. Nadie sale mejor parado de esta trifulca que ese Partido Socialista, responsable evidente de las miserias que han rodeado -que rodean- a la ley de memoria histórica.

Qué triste es contemplar, en fin, cómo algunos de los segmentos de la izquierda que resiste han preferido cruzar en estos días una frontera delicada: la que lleva a adentrarse en un mundo que obliga por igual a aceptar las reglas que otros imponen y a defender a quienes, al cabo, no lo merecen.